El CGE pretende ser la mayor de las agencias privadas de colocación enfermera.

La reciente reforma laboral introducida por el actual gobierno socialista, entre otras cosas, facilita y abarata el despido, incrementa la precariedad y la temporalidad en el empleo, debilita la negociación colectiva, refuerza el poder arbitrario del empresario, cercena los derechos de los trabajadores y legaliza las agencias privadas de colocación que, evidentemente, recaudarán su diezmo en ese papel intermediario y "facilitador laboral" que las justifique y mantenga en un mercado de empleo tan denostado y enfermo.

En este sentido y en nuestro entorno, y cuando a la vez en algunas Comunidades Autónomas, hoy por hoy, se permite una no necesidad de colegiación a los profesionales sanitarios que trabajen en exclusividad para esas administraciones, provocando el que sean muchos los profesionales que en este sentido no pasan por caja a la hora de estar colegiados y sirviendo ésto de ejemplo a nuevas promociones y en mitad de un ambiente en el que las carencias, los recortes, la débil economía, hacen que se cuestione hasta el útimo gasto, se hace necesaria por parte del Consejo General de Enfermería (CGE) una jugada que no le deje fuera de este empañado escenario (que puede empeorar con muchas posibilidades) y que posibilite su mantenimiento y permanencia hegemónica a través y en nombre de una supuesta representatividad profesional que ahora reclama después de años de una evidente, a la vez, dejación de funciones y que le ha propiciado el descrédito sino la animadversión de muchos de los que callan para mantener particulares estatus y otros tantos que nos atrevemos a proclamar el estado de la cuestión y que, sea como sea, crea corriente de opinión que puede ir "in crescendo"...

Es a través del desarrollo de la famosa Ley Omnibus, desde donde los entramados colegiales, a los que ésta atribuye supuestamente nuevas y "renovadas" responsabilidades para con los ciudadanos desde el eje profesional y de garantías de respuestas seguras hacia éstos, desde donde la Organización Colegial Médica (OCM) y el CGE, vislumbran un potencial de desarrollo en la redacción y final ejecución normativa de una definitiva promulgación de colegiación obligatoria, que viniese a romper todos esos entornos autonómicos de ambigüedad y personales de repulsa y que propiciase "el sometimiento obligatorio a las normas deontológicas de ambas instituciones", como, según ellos, plantean los cánones internacionales y de países desarrollados (que parece ser que todo lo justifica), para lo cual, y en las últimas semanas, no dudan en abrazarse juntos tanto a la actual ministra socialista como al potencial presidente ahora opositor del Partido Popular y en ese intento de asegurarse su espacio en el mercado laboral reformado y como las mayores de las agencias privadas de colocación, a través de su supuesta adhesión y participación en el Pacto de Estado para la Sanidad, que por otro lado, estos días ha sido bombardeado desde la oposición a la actual ministra y que intenta que no sea un tanto a apuntarse por ésta en esa otra guerra política por el gobierno de Madrid, y lo que evidencia lo que a unos y a otros les interesa Pacto alguno...

La oferta tanto de OCM y CGE a ese Pacto de Estado, a su entrada en el nuevo escenario de reforma laboral por la puerta falsa y a manera de grandísimas y potentes Agencias Privadas de Colocación sin posibilidades de competencia externa alguna, es que, y como primer e irrenunciable requisito de desarrollo de la normativa, se exija la colegiación obligatoria a todos los profesionales médicos y enfermeras de este país para el ejercicio profesional y cuando en los últimos años esta cuestión ha quedado un tanto desdibujada por locales respuestas autonómicas. De esta forma es como cualquier empleo y empleado, previo a conseguirse y ejercitarse como tal, debería pasar por la caja cadencialmente de estas dos macroagencias durante toda la vida profesional (aparte tributos al Régimen de Seguridad Social y desempleo), como pago y diezmo a entregar a quienes a la vez oferten a la Administración el registro, vela y tutela de todos sus empleados sanitarios, su evaluación competencial a través de la recertificación profesional y todo en favor de las buenas prácticas profesionales (que a la mitad de nosotros, despues de 20 años de ejercicio profesional responsable, van a venir éstos ahora a contarnos). Cuestiones éstas que me imagino, seguro, no se harían de forma que no se inyectasen concretas cantidades de dinero a ambos entramados y cuando a la vez el Gobierno se desmarcaría de esta forma de lo que deben, a mi entender, ser sus compromisos prioritarios con respecto a los profesionales y a los ciudadanos (compromisos mismos que dejarían en manos de ambas organizaciones) sin buscarse más intermediarios que a la vez diversifican de forma evidente sus intereses más allá de estas cuestiones maquilladas de altruismo y compromiso representador y deontológico, consiguiendo una posición a la vez estratégica en cuanto a anticipación normativa y legal en nuestro entorno, que les permite y ha permitido históricamente plantear líneas de autobombo, siendo prioritaria pues y ahora, si alguien no lo remedia, el "someternos obligatoriamente" (según sus mismas declaraciones y en nombre y a favor de un supuesto Pacto de Estado por la Sanidad) a hacer cola en cualquiera de esas dos macroagencias privadas de empleo a través del pago de esa colegiación obligatoria que tanto ansían.